Hola mis queridos lectores estoy muy contenta de poder seguir escribiendo para ustedes y contarles que ya estoy a nada de terminar la maestría, si algunos no lo saben la estoy haciendo en Gobernanza y políticas Públicas, por lo que, analizando temas me tope con la educación inicial en México.
Poniendo en contexto sobre el tema, la educación inicial es aquella a la que llamamos preescolar, maternal o para más sencillo de los 0 a los 3 años de edad, acompañado de orientación para los padres y madres; en principales potencias de primer mundo, este nivel de educación es de suma importancia, ya que consideran que el impartirla hace que logren la permanencia en los siguientes niveles educativos, el invertir al igual en este nivel permite que más adelante los países generen menos gasto, Estados Unidos menciona que al invertir un dólar en educación inicial se ahorra ocho dólares en el futuro.
En México ya es un derecho y una obligación sustentado por el artículo tercero de nuestra constitución, el cual fue reformado en el año 2019 y establece que el Estado impartirá y garantizará la educación inicial como parte de la educación básica.
¿Cómo se transformó en México? todos hemos de recordar las estancias infantiles y guarderías a las cuales se pensó que habían sido retiradas, hoy son centros de educación inicial y que están regidos por el IMSS, SEP, DIF, CENDI, ISSSTE, así como otros órganos autónomos, es decir no se les quito el apoyo a las madres, ni a los padres, simplemente sufrieron una transformación para llamarles centros de educación inicial, hoy puedo decirles que dimos un paso gigantesco dentro de nuestro país al poder impartir este nivel educativo; existen tres modalidades que son la escolarizada, semiescolarizada y no escolarizada.
Explicado ya el punto ahora nos toca como mexicanos darle difusión a la educación inicial y no limitar a nuestros hijos al estar en una red familiar, es decir no solo estar al cuidado de mamá o papá dentro sus primeros años de vida.
En cuanto a nuestros gobernantes tienen que aplicar medidas que garanticen este derecho, que puedan operar y combatir desigualdades que impidan el acceso a este nivel educativo y a su vez poder proporcionar un gasto público que pueda dignificarlo.
