La decisión del gobierno Biden de revisar los nuevos arrendamientos petroleros de la época de Trump en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico (ANWR, por sus siglas en inglés) es un paso positivo, según los expertos y los ecologistas. Pero dista mucho de ser una resolución definitiva para la larga batalla por este refugio.
Durante 40 años, los políticos estadounidenses han luchado para permitir que las empresas perforen petróleo y gas natural en estos terrenos naturales prístinos. Los arrendamientos se subastaron en los últimos días del expresidente Donald Trump en el cargo.
Las ventas de arrendamientos, realizadas en medio de la incertidumbre económica para la industria petrolera y de la creciente inquietud pública por el cambio climático, han aportado unos ingresos muy inferiores a los previstos por las autoridades del estado de Alaska. Las ventas afrontan acciones legales por parte de grupos medioambientales.
En una orden emitida el martes, 1 de junio, la secretaria del Interior Deb Haaland exigió la suspensión temporal de todas las actividades en los arrendamientos vendidos, indicando la necesidad de una mejor revisión de cualquier posible impacto ambiental.
Los grupos ecologistas aplaudieron la decisión, pero enseguida señalaron que seguirán presionando al gobierno para que cancele los arrendamientos por completo. Los ecologistas también señalan que la decisión de suspender temporalmente los arrendamientos en el ANWR no es coherente con otras decisiones recientes del gobierno que apoyan la actividad petrolera, como la Reserva Nacional de Petróleo en Alaska (NPR-A, por sus siglas en inglés), en la costa ártica al oeste del ANWR.
«Esperamos que el gobierno de Biden aborde la crisis climática, pero tendrá que revisar a fondo la explotación de petróleo y gas natural», afirma Kristen Miller, directora ejecutiva en funciones de la Alaska Wilderness League.
Los defensores del medioambiente quieren que el gobierno cancele los contratos de arrendamiento existentes en el ANWR y adopte protecciones más permanentes para el área silvestre.
Alan Weitzner es el director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo Industrial y Exportaciones de Alaska, una empresa estatal y principal postora durante la subasta de arrendamientos en el ANWR. Criticó la decisión en un comunicado de prensa: «Nos sentimos muy decepcionados por el esfuerzo del gobierno Biden para impedir que Alaska desarrolle de forma legal y responsable sus recursos naturales, tal y como se acordó y dispuso en [la ley de conservación que fundó el ANWR]».
En sendos comunicados, tanto el gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, como la senadora por Alaska, Lisa Murkowski, se opusieron a la decisión del gobierno de Biden de suspender los arrendamientos, alegando que sería a costa de la economía del estado.
El Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) criticó la decisión por motivos similares, añadiendo que las perforaciones podrían realizarse de forma responsable con el medioambiente. «Nuestra industria está comprometida con la lucha contra el cambio climático y con la producción segura y responsable de energía en Estados Unidos», declaró Kevin O'Scannlain, vicepresidente de política de exploración y producción del API, en un comunicado enviado por correo electrónico.
La explotación de la llanura costera
La orden de esta semana suspende los 11 arrendamientos emitidos por el gobierno de Trump el 6 de enero. Exige una nueva revisión ambiental de la perforación en el refugio que considere si el gobierno de Trump cumplió determinados requisitos legales, como las disposiciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, cuando emitió los arrendamientos. Esa revisión determinará si los arrendamientos se mantienen, se modifican o se cancelan por completo.
Miller afirma que la revisión ambiental del gobierno de Trump sobre la perforación de petróleo y gas natural en el ANWR no tuvo en cuenta las repercusiones que tendría en el cambio climático, ni consultó adecuadamente a las tribus. Dos tribus, los gwich'in y los iñupiat, consideran el refugio un lugar sagrado. Alberga más de 200 especies diferentes de aves migratorias y es un lugar de cría importante para caribúes y osos polares.
Pero es lo que hay bajo el permafrost lo que ha suscitado un debate político desde la creación del refugio.
En 1980, el Congreso aprobó una ley que protegía el 80 por ciento del ANWR. El 20 por ciento restante, la llanura costera de más de 600 000 hectáreas, estaba disponible para su posible uso. Un estudio realizado en 1998 estimó que podría haber entre 4000 y 11 000 millones de barriles de petróleo en la llanura costera.
En 2001, cuando Estados Unidos entró en guerra tras los ataques del 11 de septiembre, el gobierno de Bush presionó para explotar los combustibles fósiles del refugio. Este tema ha sido un rifirrafe político partidista. Los republicanos a favor de las perforaciones parecieron prevalecer en 2017, cuando el Congreso aprobó un proyecto de ley de reducción fiscal que incluía una disposición que exigía las ventas de arrendamientos en el ANWR.
«Para garantizar protecciones duraderas para el Refugio Ártico, el Congreso debería derogar la ley de 2017 que establece un programa de petróleo y gas natural en este lugar especial», escribió Kristen Monsell, abogada del Centro para la Diversidad Biológica, en un correo electrónico.
En febrero, más de 110 congresistas respaldaron la Ley de Protección del Refugio Ártico, pero el proyecto de ley ha cobrado muy poco impulso. Si se aprueba, la ley derogaría el programa de arrendamiento de petróleo y gas natural de 2017 y protegería la llanura costera como área silvestre.
«Perforar en el Refugio Ártico de Estados Unidos es un desastre climático y para los derechos humanos, y el gobierno de Biden conoce la importancia de restablecer el liderazgo en esos dos frentes críticos. Ahora, el Congreso tiene que acabar el trabajo», escribió Erik Grafe, abogado de la oficina de Earthjustice en Alaska, en un correo electrónico.
Un informe publicado por la Agencia Internacional de la Energía el pasado mayo concluía que, para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones, los países no deben invertir en nuevos proyectos de combustibles fósiles. Basándose en este informe, «la explotación de nuevos combustibles fósiles en tierras públicas, especialmente en el Ártico, no tiene cabida si queremos mantener un planeta habitable», escribe Grafe.
«Pero también hará falta una defensa incansable contra intereses arraigados que se resisten a esta vía», señala, refiriéndose a las empresas y los políticos que están a favor de la perforación.
Siguen adelante otros proyectos polémicos de petróleo y gas natural
El gobierno de Biden se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad de los niveles de 2005 para 2030. En cambio, también ha respaldado otros proyectos relacionados con los combustibles fósiles. En abril, los ecologistas se sintieron decepcionados cuando el gobierno se negó a cerrar el oleoducto Dakota Access, que transporta petróleo de esquisto desde Dakota del Norte hasta una terminal en Illinois.
Y en mayo, el gobierno de Biden presentó un escrito judicial en apoyo al denominado proyecto Willow en la NPR-A. El proyecto, supervisado por ConocoPhilips —el mayor productor de petróleo de Alaska—, explota una reserva con unos 300 millones de barriles de petróleo.
«Nos decepcionó un poco que decidieran defender su posición en la parte occidental de la Reserva Nacional de Petróleo, el proyecto Willow. La realidad es que no nos podemos adaptar al cambio climático en algunas zonas e ignorarlo en otras», dice Miller.
Señala que el ANWR podría haber sido una apuesta arriesgada para la reputación y la economía.
El gobierno de Trump calculó que la venta de arrendamientos de petróleo y gas natural en el refugio aportaría más de mil millones de dólares en ingresos. Sin embargo, recaudó poco más de 14 millones de dólares y no recibió ofertas de ninguna gran petrolera, ni de ningún banco importante dispuesto a suministrar fondos. Alaska fue el mayor postor y compró nueve de los 11 arrendamientos adquiridos.
«Está claro que la venta de arrendamientos fue un fracaso», afirma.
Hasta que se complete el proceso de revisión, los grupos ecologistas seguirán presionando al gobierno para que cancele los arrendamientos existentes y derogue la orden de 2017.
«Suspender los arrendamientos es un paso en la dirección correcta», dice Monsell. «Pero el gobierno Biden y el Congreso deben hacer más para proteger el refugio del Ártico».
