Por: Cortesía

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Irenea Buendía llevó el feminicidio de su hija a la SCJN; el estado investigaba la muerte como "suicidio".

Mariana Lima Buendía fue asesinada en 2010, su feminicidio estuvo a punto de ser igual que otro cientos, miles de historias que pasaban desapercibidas en México, pero no lo fue; gracias a la incansable lucha de su madre Irinea Buendía para buscar la verdad y obligar al estado a reconocer las múltiples omisiones, negligencia y obstrucción de su feminicidio.

El 28 de junio de 2010, Mariana le dijo a su madre Irinea que iría por sus cosas a la casa que compartía desde hacía dos años con su esposo Julio César “N”, debido a la violencia infligida durante todo ese tiempo, engaños, golpes, violaciones, el sometimiento y su negación a que ella trabajara, fue la suma de motivos para acabar su relación, sin embargo ella no regresó, fue asesinada esa noche.

Mariana había estudiado derecho, desde niña le había dicho a su madre que quería ser abogada para defender a la gente pobre, es por ello su esfuerzo rindió frutos y logró estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Conoció a Julio César “N”, quien se desempeñaba como comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, donde ella trabajada, la cortejó, ella se enamoró y se pronto se casaron, pero era el comienzo del infierno para Mariana. Él era celoso, la golpeaba, humillaba e incluso le exigió que dejara de trabajar.

La mañana del 29 de junio, Irinea recibió la llamada que ninguna madre quisiera recibir, se trataba del esposo de su hija, quien prometió amarla y cuidarla, fue tajante y frío, le dijo que Mariana se había suicidado, que él acababa de llegar a la casa y así había encontrado, pero todo era mentira.

“Cuando la encontré estaba recostada en la cama con su cuerpo todo golpeado, parecía que la habían bañado”, denunció, ella sabía perfectamente que su hija no se habría suicidado, estaba muy emocionada porque iba a regresar a trabajar, sabía de la violencia que Julio César le propinaba y le había dicho que una noche antes lo iba a dejar, ella quería seguir con su vida, pero él no lo permitió.

Mariana murió a los 29 años a manos de su esposo, él arregló la escena y le puso un cordón delgado de moño de regalo (que evidentemente no podría mantener el peso de su cuerpo suspendido ante el señalado “suicidio”), le dijo a sus compañeros del ministerio público que no “había necesidad” de investigar y que ella se había quitado la vida.

A Irinea Buendía le tomó seis años hacer justicia por el asesinato de su hija, pero su lucha sentó un precedente histórico para la persecución del feminicidio en México al llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el caso y lograr que los jueces emitieran la revisión del caso para desenmascarar las omisiones y negligencia aplicada.

La lucha de su madre Irinea Buendía y su padre Lauro Lima, desenmascaró al agresor de Mariana, policía ministerial del Estado de México con quien ella había contraído matrimonio. Actualmente él se encuentra preso y en espera de una sentencia.

Cinco años después del cobarde asesinato de Mariana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el 25 de marzo de 2015, la sentencia derivada del expediente 554/2013, sobre el caso de la joven, en dicha sentencia se establece que:

“En el caso de muertes de mujeres se deben identificar las conductas que causaron la muerte y verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta, preservarse evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y realizar las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia”.

Lo que establece la sentencia es relevante para las investigaciones de muertes violentas de mujeres en todo México, ya que obliga a las autoridades a emplear la perspectiva de género como herramienta para verificar si en dicha muerte existen razones de género.

La Sentencia de Mariana Lima Buendía marca un antes y un después en las investigaciones, pues establece la importancia de realizar diligencias particulares y que la investigación debe implicar la realización de conceptos criminalísticos con visión de género.

En el párrafo 227 hace referencia a la capacidad del sistema de justicia para reparar el daño por parte de las autoridades y de impulsar un cambio cultural y obliga al Estado a realizar investigaciones con perspectiva de género en los casos de violencia contra las mujeres.

También menciona en el párrafo 105, que aún cuando las partes no lo soliciten, debe implementarse un método en toda controversia judicial para verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir una justicia de manera completa e igualitaria.

A pesar de la relevancia del caso y de la histórica sentencia de la SCJN, ésta no fue contemplada en la versión actualizada del protocolo para juzgar con perspectiva de género de la misma SCJN.

Además de la no incorporación de la sentencia que explica de forma detallada lo que implica juzgar con perspectiva de género, dicha omisión es una falta de reconocimiento a las víctimas y sus familiares, cuyo camino hacia el acceso a la justicia ha sido largo y atropellado por los mismos impartidores de justicia. Significa un retroceso en el que la SCJN pierde la oportunidad de establecer de manera contundente cómo deben ser investigadas las muertes violentas de mujeres y los feminicidios, y de cómo debe ser incorporada la perspectiva de género.

Fue así que Irinea Buendía logró destapar la deshonrosa verdad sobre la omisión no sólo de su hija sino de dimensionar la gravedad de los feminicidios en México, que no parece que estén lejos de acabar, pero lo que las mujeres buscan es que sí termine la impunidad #Niunamuertamás.