En 2010, el Gobierno hondureño organizó un simposio internacional para atraer inversión extranjera, en el que los funcionarios dieron a conocer un nuevo eslogan para el plan de desarrollo económico del país: Honduras is Open for Business, así, en inglés.
La pieza central del plan era la energía renovable. Se construiría decenas de nuevas represas hidroeléctricas en todo el país, anunció el Gobierno. Una estaba programada para el río Gualcarque, que atraviesa el oeste de Honduras. Ese proyecto llamó la atención de la ambientalista Berta Cáceres, quien encabezó una campaña para detener la construcción de la presa antes de que pudiera comenzar.
En ese momento, Berta ya era una de las activistas más destacadas del país. Cuando tenía solo 22 años, cofundó el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que lucha por los derechos de las comunidades indígenas del país. Un pequeño número de lencas, miembros del grupo indígena más grande de Honduras, vivía cerca del río Gualcarque. Se convertirían en socios de Berta en su nueva pelea.
Los lenca argumentaban que interrumpir el flujo del río degradaría la tierra de la que dependían para sus cultivos. Más allá del impacto ambiental, también decían que el río era sagrado para ellos: el Gualcarque era su alma.
En julio de 2013, la batalla por la presa se volvió violenta. Un guardia de seguridad del campamento del proyecto disparó y mató a un manifestante, alegando que el hombre lo había amenazado con un machete. Más tarde ese mismo día, un niño de 14 años cuya familia apoyaba la represa fue asesinado a tiros detrás de su casa. Sinohydro, una empresa china contratada para encargarse de la construcción, abandonó inmediatamente el campamento y todo se detuvo.
La empresa hondureña a cargo de la represa, Desarrollos Energéticos (DESA), finalmente ideó un plan para rescatarlo y trasladó el campamento unos 2 kilómetros río arriba y redujo la escala del proyecto. Pero las protestas no terminaron. Berta argumentaba que la presa seguiría devastando a la comunidad y, ocasionalmente, organizó manifestaciones en los años previos a su asesinato.
El 25 de febrero de 2016 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh) denunció que 50 familias lencas de la comunidad de La Jarcia, Guisé, fueron desalojadas con violencia, hechos que se convirtieron en el preámbulo de la denuncia que Cáceres presentó sobre el homicidio de cuatro de sus compañeros días antes de su asesinato.
Cáceres, conocida como "la guardiana de los ríos", fue asesinada en marzo de 2016 en la ciudad La Esperanza, al oeste de Honduras. Los responsables entraron a la fuerza en su vivienda para cometer el crimen, de acuerdo con fuentes locales que citó la BBC.
En su momento, colegas de la activista vincularon su muerte con la lucha que realizó día con día: la defensa de los recursos naturales y la tierra del pueblo indígena Lenca, al cual ella pertenecía.
Después del asesinato de Berta, su familia señaló directamente a DESA, y dijeron a la policía que empleados de la empresa habían lanzado repetidas amenazas contra su vida, y por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había establecido medidas cautelares de protección para Cáceres.
“Nosotros les decíamos: ‘¡Mire, es que es la empresa!’”, recuerda la hija de Berta, Bertita Isabel. “Pasaron 13 días o 14 días para que la empresa, por primera vez, fuera allanada”.
El jefe de relaciones comunitarias de DESA, Sergio Rodríguez, fue uno de los primeros en ser interrogado. Testigos lo acusaban de amenazar a Berta. Rodríguez sostiene que la acusación lo sorprendió. “Yo a Berta Cáceres la miré tres veces en mi vida”, dice.
Sin embargo, su interrogatorio marcó un punto de inflexión en la investigación: DESA era ahora la principal sospechosa de la muerte de Berta.
El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete hombres por el asesinato de la defensora de los derechos humanos. El Tribunal determinó que dichos hombres habían sido contratados por ejecutivos de Desa, empresa que se encargó de la construcción una hidroeléctrica en el territorio indígena Lenca.
En marzo de este año, la hija de Cáceres dijo a El País que si bien hay siete personas condenadas por el caso, aún se hablaba de impunidad porque faltan los autores intelectuales, aquellos que se beneficiaron de este asesinato.
"Faltan porque tienen poder político y económico y son los que mantienen la violencia contra el pueblo lenca que, al día de hoy, continúa enfrentando amenazas, quema de sus cultivos, invasiones a sus territorios, secuestros y ataques", apuntó.
