Una investigación penal sobre una presunta agresión sexual grupal ocurrida en 2024 en la Universidad de Cornell fue reabierta en Nueva York, luego de que una demanda civil presentada este mes expusiera nuevos señalamientos sobre lo ocurrido en una fraternidad del campus.
La decisión del fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, coloca nuevamente el caso bajo revisión de las autoridades. El expediente será presentado ante un gran jurado, aunque hasta ahora no se ha anunciado una acusación penal contra los siete estudiantes señalados en la demanda.
Investigación en Cornell será revisada por un gran jurado
La reapertura de la investigación está relacionada con las diferencias entre el relato que la estudiante entregó a las autoridades en 2024 y las acusaciones incluidas en la demanda civil presentada en septiembre de 2026.
Van Houten explicó que su oficina busca determinar si ahora existe evidencia adicional que no estaba disponible durante la investigación inicial y que pudiera modificar la valoración del caso. También señaló que todavía no se ha decidido si se presentarán cargos penales.
El fiscal indicó que el testimonio de la denunciante y cualquier nueva evidencia incorporada a partir del litigio civil serán considerados por el gran jurado.
La investigación cobra relevancia porque la propia fiscalía reconoció que inicialmente se había apoyado en el trabajo realizado por la policía de Cornell y que no llevó a cabo una investigación independiente del caso.
La demanda describe una noche de agresiones
La estudiante, identificada legalmente como Jane Doe, sostiene en la demanda que fue presionada para consumir drogas y alcohol y que posteriormente sufrió agresiones sexuales por parte de varios hombres en la casa de la fraternidad Chi Phi.
De acuerdo con el documento judicial, la joven afirma que se encontraba incapacitada para consentir y que los abusos se prolongaron durante horas. La demanda también incluye como evidencia una conversación de Snapchat que, según la denunciante, fue utilizada para invitar a otros integrantes de la fraternidad.
Estas afirmaciones forman parte de un litigio civil y siguen siendo alegaciones, no una determinación judicial de culpabilidad.
Cornell niega que la sanción se limitara a escribir ensayos
Uno de los aspectos que provocó mayor cuestionamiento público fue la versión de que algunos de los estudiantes señalados habían recibido como consecuencia la elaboración de ensayos.
Cornell rechazó que esa haya sido la única medida aplicada. Kyle Kimball, vicepresidente de relaciones universitarias, confirmó que después de una investigación interna hubo expulsiones y suspensiones, aunque la universidad no detalló públicamente cuántos estudiantes recibieron cada sanción debido a las restricciones de privacidad aplicables a los expedientes estudiantiles.
La universidad también informó que realizó una investigación bajo sus procedimientos institucionales y que la fraternidad Chi Phi cerró en 2024 y permanece cerrada.
El caso volvió a generar presión pública
La reapertura de la investigación ocurrió después de que la demanda provocara una fuerte reacción en Estados Unidos. Entre quienes se pronunciaron públicamente estuvo la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien cuestionó la respuesta institucional durante un acto en Ithaca.
El caso también generó nuevas revisiones institucionales. Este 29 de septiembre, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió una revisión independiente y transparente de la respuesta de Cornell ante las acusaciones relacionadas con Chi Phi.
Mientras tanto, la Policía de Ithaca aclaró que el departamento no había recibido un reporte del incidente de 2024 y que tuvo conocimiento de las acusaciones recientemente a través de los medios.
La investigación todavía no determina culpabilidades
El siguiente paso será que la evidencia sea analizada por un gran jurado. La reapertura del expediente no equivale por sí misma a una acusación formal ni a una condena.
La fiscalía busca establecer si las nuevas alegaciones y materiales incorporados al proceso permiten sustentar una posible conducta delictiva. El caso permanece abierto y las acusaciones contra los estudiantes deberán ser determinadas mediante el proceso correspondiente.
La controversia, además, ya trascendió el ámbito universitario: involucra la actuación de las autoridades, la respuesta disciplinaria de Cornell y el debate sobre cómo deben investigarse las denuncias de violencia sexual dentro de instituciones educativas.
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