Meta pagará 16 mil 700 millones de dólares por demanda sobre seguridad infantil

Meta pagará 16 mil 700 millones de dólares por el caso de seguridad infantil

El acuerdo fue alcanzado entre Meta y una coalición de 29 estados de Estados Unidos, que acusó a la compañía de haber diseñado deliberadamente sus plataformas para atraer y mantener a menores de edad durante largos periodos.

Las autoridades también cuestionaron las prácticas de la empresa relacionadas con la recopilación de datos de usuarios jóvenes. Las acusaciones forman parte del litigio y deberán ser consideradas dentro del proceso judicial.

El pacto aún no es definitivo: un juez federal de Oakland, California, debe aprobarlo antes de que pueda entrar en vigor.

El monto pudo haber sido mucho mayor

La cifra acordada representa una cantidad extraordinaria, aunque está muy por debajo de las sanciones que llegaron a plantearse durante el juicio.

Los estados involucrados habían contemplado sanciones de hasta 200 mil millones de dólares, una cantidad que habría representado un golpe considerable para Meta y que habría tenido repercusiones importantes en el sector tecnológico.

El acuerdo evita que el litigio continúe por esa vía, aunque la empresa también deberá implementar modificaciones relacionadas con el acceso de jóvenes a sus plataformas.

Las herramientas para adolescentes quedaron bajo la lupa

Uno de los puntos más llamativos del proceso fueron las cifras relacionadas con algunas funciones de seguridad desarrolladas por Instagram.

Durante las audiencias, Adam Mosseri, jefe de Instagram, reconoció que ciertas herramientas dirigidas a adolescentes registraron niveles de utilización relativamente bajos.

Entre ellas se encuentra Take a Break, lanzada en 2021, que permite establecer recordatorios para que los usuarios hagan pausas durante el uso de la aplicación. También está Quiet Mode, presentada en 2023 para silenciar las notificaciones durante determinados periodos.

¿Qué tan utilizadas fueron esas funciones?

Documentos internos presentados durante el juicio mostraron una diferencia importante entre ambas herramientas.

Take a Break registró una tasa de adopción de 1.8 por ciento, mientras que Quiet Mode alcanzó 8.7 por ciento, de acuerdo con los documentos citados en el caso.

Mosseri reconoció que Meta no había publicado esas cifras y que las funciones no se encontraban activadas automáticamente.

El dato adquirió relevancia porque el debate judicial no solo se centró en si existían herramientas de protección, sino también en qué tan accesibles eran para los usuarios jóvenes y bajo qué condiciones se activaban.

Exdirectivos cuestionaron la estrategia de Meta

Durante el proceso también declararon antiguos integrantes de la compañía. Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Meta, afirmó que Take a Break era una función “diseñada para fallar”.

Por su parte, George Volichenko, quien formó parte del equipo de seguridad de Instagram, consideró bajas las tasas de adopción de las herramientas.

Volichenko también señaló que la dirección de la compañía no aprobó que determinadas funciones fueran activadas automáticamente para adolescentes más jóvenes.

El conflicto entre seguridad y tiempo de uso

Uno de los elementos centrales de la controversia es la relación entre las herramientas de protección y el modelo de negocio de las plataformas.

Según el testimonio citado en el proceso, establecer algunas funciones de seguridad como opciones predeterminadas podría haber reducido significativamente la interacción de los usuarios con las aplicaciones.

Esto resulta relevante porque Meta obtiene una parte importante de sus ingresos de la publicidad, por lo que el tiempo que los usuarios permanecen dentro de sus plataformas tiene un valor económico para la compañía.

El acuerdo plantea así una cuestión que va más allá del monto millonario: hasta qué punto las grandes plataformas deben modificar sus productos cuando las medidas de seguridad pueden reducir el nivel de interacción de sus usuarios.

Por ahora, el siguiente paso está en manos del juez federal de Oakland, quien deberá determinar si aprueba el acuerdo alcanzado entre Meta y los estados.

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