La Fiscalía del departamento de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión contra el expresidente boliviano Evo Morales, luego de las protestas y bloqueos registrados entre mayo y junio en contra del gobierno de Rodrigo Paz.
La medida judicial abre un nuevo capítulo en la crisis política de Bolivia, donde el exmandatario y sus seguidores denuncian persecución política, mientras las autoridades lo señalan por presuntos delitos relacionados con las movilizaciones.
Orden de captura contra Evo Morales abre un nuevo conflicto político en Bolivia
De acuerdo con el documento emitido por la justicia boliviana, Morales es investigado por varios delitos derivados de las protestas que afectaron distintas regiones del país. Entre las acusaciones se encuentran terrorismo, alzamientos armados contra la seguridad del Estado, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir.
También se le atribuyen presuntos actos contra la seguridad de los medios de transporte y servicios públicos, luego de los bloqueos carreteros que generaron afectaciones en diferentes ciudades.
La denuncia fue presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno, en medio de un escenario político marcado por la disputa entre el nuevo gobierno y sectores vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS), partido fundado por Morales.
Protestas contra Rodrigo Paz provocaron fuertes afectaciones
Las movilizaciones ocurrieron después de la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia de Bolivia, quien asumió el cargo tras obtener el 54% de los votos frente a Jorge “Tuto” Quiroga.
Las protestas impulsadas por sectores afines al MAS provocaron bloqueos en carreteras y afectaciones al suministro de productos básicos. Autoridades señalaron que hubo problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal.
Además, se reportaron al menos 16 personas fallecidas y pérdidas económicas que superarían los tres mil millones de dólares, según estimaciones difundidas durante el conflicto.
Evo Morales acusa persecución política tras la orden judicial
Tras conocer la decisión de la Fiscalía, Evo Morales respondió mediante su cuenta de X y aseguró que las acusaciones buscan responsabilizarlo por las movilizaciones sociales ocurridas en Bolivia.
El exmandatario afirmó que los problemas del país están relacionados con una crisis económica y social, además de cuestionar las decisiones del actual gobierno.
Morales rechazó las acusaciones y aseguró que continuará participando en la vida política boliviana, al señalar que los procesos judiciales en su contra representan un intento de limitar su movimiento.
El expresidente también sostuvo que sus seguidores continuarán defendiendo sus demandas frente al aumento del costo de vida, la escasez de combustible y otros problemas que, según él, enfrenta la población.
La ubicación de Morales complica la ejecución de la orden
El cumplimiento de la orden de captura representa un desafío para las autoridades bolivianas debido a la ubicación actual del exmandatario.
Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, una zona considerada su principal bastión político y sindical, donde cuenta con el respaldo de cientos de seguidores.
Además de esta nueva investigación, el expresidente enfrenta otro proceso relacionado con una acusación por trata agravada de personas. En mayo, un juzgado de Tarija lo declaró en rebeldía después de que no acudiera al inicio del juicio y emitió otra orden de captura.
La situación mantiene a Evo Morales en el centro de la disputa política boliviana, mientras el gobierno de Rodrigo Paz enfrenta la presión de sectores opositores y sociales que cuestionan sus decisiones.
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