Dos mexicanos se declararon culpables ante una corte federal de Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de metanfetamina, armas y personas, además de proporcionar apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El caso reúne varios elementos de alto impacto: una operación para adquirir 20 armas tipo AK-47 y dos rifles calibre .50, el decomiso de más de 36 kilos de metanfetamina y una posible condena que podría llegar hasta la cadena perpetua.
Mexicanos enfrentan cargos por armas, drogas y apoyo al CJNG
Los acusados son María del Rosario Navarro-Sánchez, de 40 años, y Gustavo Castro-Medina, de 29, quienes reconocieron ante autoridades estadounidenses su participación en distintas operaciones relacionadas con el tráfico de drogas y armas entre México y Estados Unidos.
De acuerdo con documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia estadounidense, Navarro-Sánchez conspiró con otras personas para proporcionar apoyo material al CJNG mediante el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México.
La mujer también admitió que sabía que el grupo criminal estaba involucrado en actividades violentas, entre ellas secuestros, asesinatos y el uso de explosivos y armas de fuego.
El expediente señala además que ambos participaron en operaciones destinadas a introducir drogas y personas ilegalmente a territorio estadounidense.
Una compra de armas que terminó en una operación encubierta
Uno de los episodios centrales del caso ocurrió en agosto de 2023, cuando Navarro-Sánchez negoció con agentes encubiertos estadounidenses la adquisición de 20 armas tipo AK-47 y dos rifles calibre .50.
Según la investigación, las armas serían entregadas posteriormente a otras personas para trasladarlas de manera ilegal a México y utilizarlas en actividades relacionadas con el tráfico de metanfetamina y otros narcóticos.
Castro-Medina participó como intermediario y reconoció haber entregado 3 mil dólares a uno de los agentes encubiertos como anticipo por el armamento.
El precio total acordado era de 66 mil dólares. El 21 de agosto de ese año, dos cómplices llegaron a un punto de encuentro en El Paso, Texas, con los 63 mil dólares restantes.
Después de recibir el dinero, los agentes encubiertos entregaron las armas. Fue entonces cuando las autoridades detuvieron a los involucrados.
Castro-Medina también fue relacionado con más de 36 kilos de metanfetamina
El expediente judicial incluye otro episodio relacionado con Castro-Medina. En noviembre de 2020 fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza cuando conducía un Nissan Sentra en Sierra Blanca, Texas.
Durante una segunda inspección del automóvil, los agentes localizaron varios paquetes ocultos debajo de una compuerta que no pertenecía a la estructura original del vehículo.
Los paquetes estaban envueltos con cinta y cubiertos con líquido para transmisión. Tras ser examinados, las autoridades determinaron que contenían 36.36 kilogramos de metanfetamina.
Este antecedente forma parte de los hechos que posteriormente fueron considerados dentro del proceso penal contra el acusado.
También hubo operaciones para ingresar personas a Estados Unidos
El caso no se limita al tráfico de drogas y armas. Navarro-Sánchez reconoció además haber contratado a traficantes de personas para introducir ilegalmente a individuos provenientes de México hacia Estados Unidos.
De acuerdo con los documentos judiciales, al menos una de esas personas habría administrado algunas de las casas utilizadas por Navarro-Sánchez en El Paso, donde presuntamente se almacenaban armas y narcóticos.
Navarro-Sánchez y Castro-Medina fueron acusados formalmente junto con otros cómplices en abril de 2025. Posteriormente, el Gobierno de México los transfirió a Estados Unidos para que enfrentaran el proceso penal.
¿Por qué podrían recibir cadena perpetua?
Navarro-Sánchez se declaró culpable de cuatro cargos: posesión de metanfetamina con intención de distribuirla, conspiración para traficar armas, conspiración para introducir personas ilegalmente a Estados Unidos y conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.
Por su parte, Castro-Medina admitió su responsabilidad por posesión de metanfetamina con intención de distribuirla y conspiración para participar en tráfico de armas.
Hasta ahora, ninguno tiene fecha de sentencia.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ambos enfrentan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
El desenlace del caso dependerá ahora de las sentencias que dicte la corte federal estadounidense.
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