Este martes 28 de julio se llevó a cabo una protesta en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para exigir la liberación del médico urgenciólogo, Gerardo Vicente Grajales Yuca, quien fue acusado por el presunto delito de abuso de autoridad.
Tras las presiones, Modesta Ramírez Saldaña, secretaria de la Organización 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) detalló en entrevista que la Fiscalía del estado accedió a mostrarles la carpeta de investigación con la cual comprobaron que no hay sustento suficiente para que el profesionista sea juzgado.
“Estuvimos presionando para que se abriera una mesa de diálogo para exigir la libertad inmediata del doctor. El doctor era acusado de abuso de poder y por ese delito había sido detenido.
“Nos permitieron ver la carpeta de investigación y no hay sustento suficiente como para ser juzgado como lo están juzgando, mañana tenemos una reunión en el tribunal para avanzar más en los detalles de por qué está detenido y el día jueves tiene el desahogo de pruebas y esperemos que ese día sea liberado”, narró.
Fue el pasado domingo, cuando policías ministeriales detuvieron a Grajales Yuca, jefe de Urgencia y Medicina Critica del Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), esto tras una denuncia interpuesta por Karen Alejandra Ramírez Molina, hija del exdirigente del partido ‘Mover a Chiapas’, Miguel Arturo Ramírez López, quien falleció a principios de julio a causa del COVID-19.
Personal de salud, familiares y amigos salieron a marchar en apoyo al doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, que actualmente se encuentra en "detención preventiva" tras la denuncia hecha por Karen Ramírez Molina debido al presunto delito de abuso de autoridad. #FelizMartes pic.twitter.com/sdw16Tum4C
— Roel Fuentes ™ (@DRAKERS46) July 28, 2020
La denuncia por el delito de abuso de autoridad, parte luego de que el doctor solicitara a los familiares la compra de equipo y un medicamento para atender al político, pues al igual que muchos estados del país, Chiapas se enfrenta al desabasto de insumos para atender la actual emergencia sanitaria.
“Su único delito fue dar una receta para comprar un medicamento familiar de un político que falleció. Ese fue un gran delito para los familiares, quienes hicieron una demanda injusta porque no es procedente y menos para actuar de una manera como lo están haciendo, con dolo y un abuso excesivo de poder, al igual que el sistema de justicia del Estado de Chiapas y apoyados por la Fiscalía, esto nos indigna a todos los trabajadores de salud.
“Las que deberían estar siendo juzgadas deberían ser las instituciones de salud que están saqueando el erario público, nos indigna mucho que ahora sean los trabajadores los que tengan que pagar penas que no deberían estar pagando”, agregó.
