CDMX.- En noviembre del año pasado, dos hermanas perdieron la vida tras haber caído a una alcantarilla sin tapadera mientras se dirigían a un concierto de la banda Zoé en el Palacio de los Deportes.
Ambas caminaban por la oscura acera de la avenida Viaducto Río Consulado en la colonia Iztacalco cuando Sofía Sánchez Canchola, la menor de 16 años, cayó a la fosa de aproximadamente tres metros y se golpeó la cabeza. Su hermana Esmeralda se introdujo para rescatarla pero los gases al interior de la coladera les impidieron seguir respirando.
Casi tres meses y medio después de la tragedia, su madre María Elvira Canchola, denuncia que el caso ha estado rodeado de irregularidades y acusa a las autoridades de intentar dar ‘carpetazo’ a la investigación con la entrega de la reparación del daño al padre biológico de las jóvenes, quien no se hizo cargo de ellas por más de 15 años.
¿Qué denuncia la madre de las jóvenes que cayeron en coladera?
El pasado 15 de febrero, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que se había llegado a un acuerdo reparatorio con Enrique Sánchez, el padre biológico de Sofía y Esmeralda.
“Derivado de la canalización realizada por el Ministerio Público para agotar el Mecanismo Alterno de Solución de Controversias, solicitada por el padre de las víctimas directas, se llevó a cabo una sesión con apoderados legales del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en la que se firmó un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, con el que el agraviado se dio por satisfecho, por lo que se aprobó su cumplimiento”, dijo en un mensaje a medios.
También anunció que, al determinarse la existencia del delito, el agente del Ministerio Público solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) el reconocimiento de las hermanas como víctimas directas, así como al núcleo familiar como víctimas indirectas, y su consecuente ingreso al Registro Nacional de Víctimas.
Sin embargo, María Elvira acusa que ninguna autoridad le notificó sobre el acuerdo ni de su registro como víctima indirecta y que el documento que acredita dicho estatus fue añadido tramposamente a su carpeta de investigación con fecha en diciembre.
“En febrero nosotros fuimos todavía a meter un escrito para que se nos fuera nombradas a mis hijas como víctimas directas y a mí como víctima indirecta pero resulta que ya habíamos sido aceptadas, por obra de magia aparecieron nuevas hojas en mi carpeta de investigación con fechas anteriores, ¿a qué me refiero con esto?
“Supuestamente había un documento en el que ya nos habían aceptado como víctimas desde diciembre, lo cual no existía en esas hojas porque nosotros constantemente, tanto los abogados como nosotros, mi pareja y yo (no el papá biológico de las hermanas), hemos ido constantemente a revisar la carpeta investigación, y esas hojas no aparecían tal cual, así que en febrero metimos otro escrito en la Fiscalía, ya era el cuarto donde pedíamos al CEAVI ser reconocidas como víctimas”, explicó en entrevista para El Financiero.
A esto se suma que la condición de víctima, por la que María Elvira tuvo que esperar meses, fue otorgada a Enrique tan solo tres días después de haber solicitado la reparación del daño ante el Ministerio Público.
“Él metió un escrito el día 16 de diciembre, en donde pide al MP que se le reconozca como víctima. Él ya está aceptado como víctima desde el día 19, fue una integración a su lista demasiado rápida”, señaló.
Y no solo eso, sino que el padre no se hizo cargo de las jóvenes por más de una década. De acuerdo con Elvira, su hija Esmeralda viajó días antes a Celaya, Guanajuato, donde él vive, para pedirle que cumpliera con el pago de la pensión alimenticia que por derecho le correspondía y que hasta entonces estuvo esquivando. Aún así, Enrique logró que las autoridades le favorecieran al mostrar fotografías de ese mismo día que supuestamente acreditaban que se había hecho cargo de sus hijas y que convivía con ellas de forma regular.
“El señor realmente no estuvo nunca con mis hijas, tal cual es la situación que en sus 15 años, una fecha muy importante para ambas, él ni les habló por teléfono, simple y sencillamente, no sabía si ellas se enfermaban, si comían, si dormían o en qué preparatorias se quedaron”.
Caso Sofía y Esmeralda: No hay culpables
Dos días después de la muerte de las hermanas, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que había dado instrucciones a la Contraloría General capitalina para investigar la actuación de las autoridades responsables de atender el robo de coladera pues, de acuerdo con testimonios recuperados por NMás, ya se había presentado un reporte por su ausencia y la falta de iluminación de la zona.
“Esa tragedia que pasó se pudo haber evitado”, dijeron para el medio.
Sin embargo, la fiscala Ernestina Godoy le explicó a María Elvira días después que ninguna autoridad había resultado culpable del acto de negligencia y “que no iba a haber una persona física que tuviese que pagar por lo que había se había suscitado”.
En tanto que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), el encargado de revisar el protocolo relacionado con el robo de la tapadera, mostró una postura parecida. De acuerdo con María Elvira, la dependencia no respondió los requerimientos de sus abogados y la última vez que se presentó para revisar su carpeta de investigación, le informaron que estaba detenida porque no había asistido aún el representante responsable.
Asimismo, señala que ella no recibió ni cobró un cheque por 50 mil pesos como difundieron en un aviso. Si bien es cierto que el papel estaba a su nombre, una persona cercana al titular del CEAVI, Ernesto Alvarado, lo retuvo.
“Si es verdad que como dicen ellos, se cobró ese cheque, que me comprueben dónde se cobró o dónde se depositó y que me enseñen el endose del cheque como tal porque si es que este cheque aparece por ahí con un endose mío, es falso yo nunca endosé ese documento”, aseguró.
¡Justicia para Sofía y Esmeralda!
Para Elvira el dinero es lo de menos. Su reclamo no exige la reparación monetaria del daño sino el castigo para las o los funcionarios que no garantizaron la seguridad de sus hijas en el espacio público, y que, respaldados por el gobierno, apuntan a los que efectuaron el robo, como si hubieran sido los únicos responsables.
A casi tres meses y medio de haber perdido a sus hijas, advierte que seguirá luchando para que las autoridades continúen con la investigación y su caso no sea otro más de impunidad.
“Para mí no va a haber un imposible, voy a luchar y voy a hacer hasta lo imposible porque se les haga justicia a mis hijas, no quiero dinero, quiero que se les haga justicia”, concluyó.
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