Cuestionado por su opinión respecto a la expropiación por parte del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, del Club Campestre Tijuana, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, declaró estar desinformado del tema, sin embargo, adelantó que investigaría del hecho para dar una postura en la conferencia de mañana.
“No conozco sobre el tema. Vamos a informarnos para dar una opinión. Hay que ver si es propiedad privada o pública y hay que ver de qué se trata.”, mencionó.
En diciembre del 2020, Bonilla había anunciado que su gobierno tenía la intención de expropiar el Club Deportivo y Social Campestre de Tijuana para ponerlo a disposición del público.
Este espacio, construido hace más de 70 años, se ubica en una de las zonas residenciales de la ciudad; cuenta con una extensión de 80 hectáreas ( poco más de 500 mil metros cuadrados) y un campo de golf reglamentado con 28 hoyos, los cuales son propiedad de aproximadamente 800 familias.
El argumento del gobernador para llevar a cabo la expropiación es que los propietarios han incumplido con sus obligaciones fiscales, además de que acusa al ex alcalde del municipio, Arturo González Cruz, por supuestamente encubrir y beneficiarse de la situación.
Es así que, a mediados de las contiendas electorales, el pasado martes, 13 de abril del 2021, Bonilla publicó un decreto en el Periódico Oficial del Estado en el cual daba banderazo a la expropiación del terreno para llevar a cabo “la construcción y habilitación del proyecto denominado Complejo Interactivo Campestre”.
De acuerdo con el escrito, el aún Club Campestre Tijuana es el más adecuado para el proyecto por sus grandes dimensiones; su ubicación, la cual la hace óptima para dotar a gran parte de la población de los servicios básicos, y su localización al centro de la ciudad, convirtiéndolo en un adecuado espacio cultural, recreativo y para las actividades físicas y mentales.
Unos días después de la publicación, el vocero del club, Roberto Quijano, señaló en conferencia de prensa que este movimiento por parte del gobernador pareciera ser “un intento de revancha” de Bonilla hacia González Cruz y una restricción a las libertades.
“Es el intento infame de restringir las libertades. Hoy el gobierno del estado trata de restringir el derecho de propiedad y uso de más de 70 años. Es el primer paso de un estado totalitario. (...) Este decreto huele, apesta, a revancha política entre dos políticos. No huele a un reclamo social.”, sentenció
Por su parte, los abogados aseguran tener las pruebas y argumentos suficientes para la defensa del terreno e, incluso, señalaron irregularidades en el decreto oficial y modificaciones a la Ley General de Bienes del Estado de Baja California por parte del gobierno del morenista.
“El nombre del propietario lo eliminaron, se tomó una fe de hechos de ello, las partidas registrales que acreditaban su propiedad lo borraron, los oficios con los que hicieron esos cambios no están disponibles.”, detalló uno de los abogados.
Sin embargo, Amador Rodríguez Lozano, Secretario General del gobierno del estado, descartó que se tratase de una “revancha política” o un atentado a la propiedad privada y aseguró que todo los procesos están apegados a la ley.
Por ello, advirtió a los imputados que tendrían 15 días hábiles, a partir de la publicación del decreto, para acceder al expediente técnico y, de no haber alguna acción legal, el espacio se volvería de acceso libre a partir del 4 de mayo.
Agregó que hasta el momento se tienen identificados a tres posibles propietarios del terreno, los cuales, luego del periodo de 15 días, recibirían una indemnización de mil 230 millones de pesos que el Gobierno estatal deberá cubrir en un plazo de dos años; el funcionario no brindó información de estas personas.
“Se ha generado una falsa controversia sobre la titularidad del bien, que es un tema que hasta este momento no nos importa mucho, ya que la ley obliga a una indemnización que deberá de pagarse dos años después de que se expropie a quien resulte responsable”, detalló.
