México consiguió una resolución ampliamente favorable en el arbitraje internacional promovido por Calica, filial de Vulcan Materials Company, luego de varios años de disputa por el cierre de sus operaciones mineras en Quintana Roo. La decisión representa un respaldo a la postura del Gobierno mexicano y mantiene abierto el debate sobre el equilibrio entre la inversión extranjera y la protección ambiental.
Aunque el tribunal reconoció una reclamación menor relacionada con una medida aplicada en 2018, la mayor parte de las exigencias de la empresa fueron desestimadas, reduciendo significativamente el alcance de la controversia internacional.
El fallo del CIADI favorece ampliamente a México
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) emitió el fallo final del procedimiento iniciado por Calica al amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La empresa sostenía que distintas decisiones adoptadas entre 2018 y 2022 afectaron sus inversiones y operaciones en territorio mexicano. Sin embargo, el Tribunal Arbitral rechazó casi todas sus reclamaciones.
De acuerdo con el Gobierno de México, la única medida considerada procedente corresponde a la clausura de un predio realizada en enero de 2018, un punto que representa menos del 1% del monto originalmente reclamado por la compañía.
Tras conocerse la resolución, las autoridades federales informaron que realizarán un análisis jurídico detallado para determinar las acciones legales que correspondan.
México reafirma su postura sobre la inversión extranjera
Después de difundirse el fallo, el Gobierno mexicano reiteró que mantiene su compromiso con la inversión extranjera que genere innovación, empleos bien remunerados y respeto al medio ambiente.
Asimismo, destacó que continuará defendiendo el cumplimiento de los tratados internacionales como un elemento fundamental para brindar certeza jurídica a los inversionistas y favorecer el desarrollo económico del país.
La administración federal señaló que el respeto a las reglas internacionales forma parte de su estrategia para fortalecer la confianza en México como destino de inversiones responsables.
El origen del conflicto con Calica
La controversia surgió por las operaciones de extracción de piedra caliza que Calica desarrolló durante cerca de cuatro décadas en la costa de Quintana Roo.
Durante ese periodo, la empresa obtuvo millones de toneladas de material pétreo destinadas principalmente al mercado estadounidense. No obstante, autoridades ambientales documentaron afectaciones relevantes al ecosistema, entre ellas la pérdida de más de mil 200 hectáreas de selva, daños a cenotes y alteraciones al sistema acuífero de la región.
Con base en esas evaluaciones, el Gobierno encabezado entonces por Andrés Manuel López Obrador ordenó en 2022 la clausura definitiva de las actividades mineras por considerar que existía una sobreexplotación de los límites autorizados.
La demanda bajo el T-MEC cambió de rumbo
Como respuesta al cierre de sus operaciones, la empresa estadounidense promovió un arbitraje internacional argumentando que las medidas del Gobierno mexicano constituían una expropiación ilegal y solicitó una indemnización de miles de millones de dólares.
Además del cierre de la mina, el Gobierno federal decretó la zona como Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, una decisión que limita permanentemente el desarrollo de nuevas actividades mineras en ese territorio.
Con el fallo del CIADI, México logra conservar la mayor parte de su posición jurídica en uno de los litigios internacionales más relevantes relacionados con inversión extranjera y protección ambiental, mientras el Gobierno analiza los siguientes pasos legales derivados de la resolución.
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