La autorización para que cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos viajen a España con goce de sueldo durante 12 días laborales ha desatado una oleada de críticas en el ámbito jurídico y legislativo. Mientras los juzgados locales enfrentan un rezago histórico que mantiene a miles de ciudadanos a la espera de audiencias, los funcionarios judiciales percibirán sus salarios completos —cercanos a los 100 mil pesos mensuales— sin desempeñar sus funciones durante dos semanas.
El debate sobre los privilegios de la alta burocracia judicial se reaviva en un momento clave: la reforma judicial en curso ha postergado hasta 2028 los procesos de elección popular en las entidades federativas, lo que asegura la permanencia de los actuales magistrados en el cargo por un periodo prolongado. Esta extensión en el ejercicio de sus funciones intensifica la exigencia ciudadana de rendición de cuentas.
El viaje académico que desató la polémica
Cecilia Verónica González, José Anuar González Cianci, Juan Gabriel Vargas y las hermanas María Luisa y Martha Sánchez Osorio son los cinco magistrados beneficiados con esta licencia. Participarán en el programa de Movilidad Estudiantil Internacional España 2026, que se desarrollará del 26 de octubre al 6 de noviembre, según lo establecen las circulares 17 a la 21/2026 del TSJ.
El argumento oficial es que la capacitación forma parte de las funciones públicas. El magistrado presidente del tribunal, Juan Emilio Elizalde Figueroa, ha señalado que los viajeros financiarán sus propios viáticos, pero la explicación no ha sido suficiente para calmar el malestar. El hecho de que los cinco funcionarios sigan percibiendo su salario íntegro —monto equiparable al de la gobernadora de Morelos y al de la Presidencia de la República— sin prestar servicio jurisdiccional durante dos semanas ha encendido las alarmas entre juristas y legisladores.
El costo del rezago judicial
Mientras los magistrados se preparan para su estancia en España, la realidad en los juzgados morelenses es otra. Las audiencias diferidas por meses se han vuelto la norma, y la ausencia simultánea de cinco magistrados compromete aún más la celeridad del despacho judicial. La comunidad jurídica señala que el sistema no puede darse el lujo de prescindir de sus funcionarios de mayor rango en medio de una crisis de atención.
Pedro Martínez Berro, representante del Foro Morelense de Abogados, ha sido uno de los críticos más vehementes. Sostiene que subsidiar el sueldo de quien no trabaja constituye un beneficio económico privado injustificado. Su principal preocupación radica en que, pese a que los magistrados aseguran que costearán sus gastos, no existe certeza de que posteriormente no soliciten el reembolso de viáticos, como ha ocurrido en otros casos de funcionarios públicos.
Una "casta dorada" en el Poder Judicial
El cobro de salarios íntegros durante ausencias por capacitaciones en el extranjero evidencia, para muchos analistas, una desconexión sistemática entre las altas esferas del Poder Judicial y las exigencias de austeridad institucional. Financiar la formación académica personal a costa del erario —mediante la dispensa del trabajo sin afectación salarial— perpetúa la figura de lo que algunos han denominado la "casta dorada" del sistema de justicia.
En ese contexto, el episodio cobra relevancia adicional al vincularse con la reforma judicial que actualmente se discute en el país. La postergación de los procesos de elección popular en las entidades federativas hasta 2028 garantiza que los integrantes actuales de la magistratura aseguren su permanencia en el cargo por un periodo prolongado. Esta extensión en el ejercicio de sus funciones, antes de someterse al escrutinio del voto popular, impone la urgencia de justificar públicamente cada beneficio recibido.
Lo que está en juego
La ciudadanía morelense, que enfrenta largas esperas para resolver sus asuntos legales, observa con escepticismo el doble estándar que permite a los magistrados ausentarse con goce de sueldo mientras los justiciables acumulan meses de retraso. El reclamo de fondo no es contra la capacitación en sí misma, sino contra la falta de correspondencia entre los privilegios de la cúpula judicial y las carencias estructurales que padece el sistema.
El TSJ no ha emitido una postura oficial más allá de los argumentos iniciales del presidente Elizalde Figueroa. Sin embargo, el eco de esta decisión trasciende las fronteras de Morelos, pues se inscribe en un debate nacional sobre la reforma del Poder Judicial y la necesidad de equilibrar la profesionalización de los juzgadores con la rendición de cuentas y la austeridad. La pregunta que queda en el aire es si este tipo de decisiones seguirán repitiéndose mientras los ciudadanos esperan una justicia que no termina de llegar.
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