Sonora, Zacatecas y Nuevo León son las entidades mexicanas que en 2021 tuvieron los mayores retrocesos en el Índice de Paz elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), con base en indicadores como los homicidios o los delitos cometidos con violencia.
La medición del IEP correspondiente al año pasado —publicada este martes— señala que, a nivel nacional, México tuvo una mejora considerada “leve”, con un progreso del 0.2%.
Según la organización civil, esto se debe a factores como una disminución en el homicidio, aunque este delito se mantiene en niveles altos y otros indicadores como la tasa de delitos cometidos con violencia empeoraron.
In 2021, peacefulness in Mexico improved by 0.2%.
— IEP Global Peace Index (@GlobPeaceIndex) May 17, 2022
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A nivel estatal, el informe del IEP señala que 23 entidades tuvieron mejoras, en tanto que nueve registraron deterioros. Se trata de Yucatán, Chiapas, Nayarit, Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Morelos, Sonora y Zacatecas.
De ellas, el peor retroceso fue en Sonora con una variación de 0.346 respecto de 2020, advierte el documento. “Sonora registró el mayor deterioro en la calificación general, impulsado por un aumento del 20.8% en su tasa de homicidios”, menciona.
El estado cerró 2021 con mil 930 homicidios dolosos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Después de Sonora, el mayor retroceso en el Índice de Paz fue en Zacatecas, con una variación 0.294. En los últimos meses del año pasado, el territorio zacatecano fue escenario de asesinatos y del abandono de cadáveres en la vía pública.
En tercer lugar en este campo está Nuevo León, con una variación de 0.293. Desde 2021, la entidad registraba altos niveles de violencia, que se han mantenido durante los primeros meses de 2022 y han afectado a las mujeres en particular.
Para esta edición, el Índice de Paz sigue tendencias de los últimos siete años. Para ello, considera cinco factores: homicidios, delitos con violencia, delitos cometidos con arma de fuego, delitos cometidos por la delincuencia organizada y la situación de personas en la cárcel sin sentencia.
El objetivo de la medición es advertir sobre el impacto de estos elementos en el desarrollo de las comunidades y la calidad de vida de sus habitantes.
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