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Industria pide Ley General de Aguas que garantice derecho y certidumbre

La International Chamber of Commerce México (ICC México) exhorta a legisladores a crear un marco legal equilibrado que garantice el derecho humano al agua, proteja las actividades esenciales y brinde certeza jurídica a la inversión, clave para la creación de empleo y la competitividad del país.

Riesgos de propuestas legislativas actuales

Diversas propuestas en revisión podrían afectar cadenas productivas críticas como la alimentaria, farmacéutica y energética, especialmente en escenarios de sequías o emergencia hídrica. Se destacan preocupaciones sobre:

  • Reducción drástica de la vigencia de concesiones.
  • Restricciones ambiguas en transmisión de derechos.
  • Incremento de carga regulatoria sin estudios de impacto.
  • Concentración de atribuciones en varias autoridades, generando discrecionalidad.

Estas medidas podrían desincentivar la inversión, encarecer bienes básicos y debilitar la resiliencia del país frente al cambio climático.

Propuestas clave del sector industrial

Para una Ley General de Aguas funcional y justa, ICC México propone:

  • Seguridad jurídica de concesiones: prórrogas garantizadas si se cumplen obligaciones técnicas y ambientales.
  • Definición clara de derechos y acaparamiento: promover un mercado regulado de agua eficiente.
  • Carga regulatoria proporcional: implementación escalonada según viabilidad tecnológica.
  • Debido proceso y transparencia: procedimientos claros para sanciones, rescates o cancelaciones.
  • Armonización normativa: coordinación con leyes mineras, hidrocarburos, energéticas y ambientales.
  • Infraestructura e inversión público-privada: certeza sobre recuperación de inversiones y derechos de uso.
  • Transparencia con confidencialidad: acceso a información sin comprometer competitividad ni privacidad.
  • Régimen transitorio realista: plazos de 3 a 5 años para implementación de sistemas y registros.

Compromiso con un diálogo constructivo

ICC México reafirma su disposición al diálogo técnico para impulsar una Ley General de Aguas que combine protección del derecho humano, competitividad, inversión sostenible y continuidad de actividades estratégicas esenciales para el bienestar de la población.


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