La Fiscalía CDMX puso en marcha nuevas recompensas para obtener información que permita localizar a diez personas desaparecidas o secuestradas. En cada uno de los casos, el monto puede alcanzar 500 mil pesos, dependiendo de la utilidad de los datos aportados.
Los acuerdos fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y revelan que algunos de los casos llevan varios años abiertos. Uno de ellos incluso tiene líneas de investigación agotadas sin que hasta ahora se haya logrado localizar a la víctima.
Fiscalía CDMX ofrece recompensas por personas desaparecidas
Los once acuerdos fueron aprobados el 26 de agosto por el Comité para el Otorgamiento de Recompensas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y publicados este 21 de septiembre.
De los once casos, diez corresponden a personas desaparecidas o víctimas de secuestro. El monto máximo es de 500 mil pesos por expediente: 250 mil pesos para información que contribuya a localizar a la víctima y otros 250 mil para datos que permitan identificar y detener a los responsables.
El acuerdo restante contempla 250 mil pesos para información que ayude a localizar y detener a Diego Alexander López García, señalado por el delito de feminicidio en grado de tentativa.
En conjunto, las recompensas anunciadas representan hasta 5.25 millones de pesos.
Estas son las diez personas que busca la Fiscalía
Los acuerdos contemplan los siguientes nombres:
- María Camila Díaz Grajales, desaparecida.
- Rodrigo Ricardo Rico Fernández, desaparecido.
- Fernando Bravo Villanueva, desaparecido.
- Luis Oscar Ayala García, desaparecido.
- Yanet Zepeda González, desaparecida.
- Santiago García Loaiza, víctima de secuestro.
- David Pineda Rosas, desaparecido.
- Ariel Espinosa Fuentes, desaparecido.
- Eduardo Espinosa Fuentes, desaparecido.
- Ángel Moreno Mosco, desaparecido.
Entre estos expedientes hay casos con varios años de antigüedad. David Pineda Rosas, Ariel Espinosa Fuentes, Eduardo Espinosa Fuentes y Ángel Moreno Mosco están relacionados con una misma carpeta de investigación, iniciada en septiembre de 2018.
El caso de Santiago García Loaiza presenta otra particularidad: la Fiscalía señala que las líneas de investigación fueron agotadas sin conseguir su localización.
Uno de los casos comenzó en 2026
El expediente de María Camila Díaz Grajales es el más reciente de los incluidos en esta nueva lista. La carpeta principal se inició en abril de 2026 y está acumulada con otra investigación que comenzó en marzo de 2025.
La inclusión de expedientes con distintas fechas de inicio muestra que los acuerdos abarcan investigaciones con circunstancias y antigüedades diferentes.
El objetivo establecido por la Fiscalía es obtener información que permita avanzar en la localización de las víctimas y, cuando corresponda, en la identificación y detención de las personas responsables.
¿Dónde se puede entregar información?
La información puede proporcionarse las 24 horas del día, los 365 días del año.
Las personas que tengan datos relacionados con alguno de los casos pueden acudir a las oficinas de la Dirección General de Derechos Humanos, ubicadas en República de Cuba 43, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
También pueden comunicarse mediante el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o al teléfono 55 5345 5400.
La Fiscalía establece que la Dirección General de Derechos Humanos asignará a cada informante un número confidencial, personal e intransferible, además de mantener comunicación para aclarar o complementar la información proporcionada.
La recompensa depende de la utilidad de los datos
El pago no necesariamente se entrega de manera automática por proporcionar información. Los acuerdos establecen que la cantidad será determinada de manera proporcional a la veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad de los datos.
Cuando dos o más personas proporcionen información con el mismo valor, la recompensa corresponderá a quien la haya entregado primero. Si los datos son aportados de manera simultánea, el monto podrá repartirse de forma proporcional.
También existen restricciones para recibir el dinero. No pueden cobrar las recompensas las personas servidoras públicas con funciones relacionadas con seguridad pública, procuración o administración de justicia, ni sus cónyuges o familiares hasta el cuarto grado en los términos establecidos por los acuerdos.
La restricción también contempla un periodo de hasta un año después de que la persona haya dejado el cargo.
Con estos acuerdos, la Fiscalía busca incorporar nuevos datos a investigaciones que permanecen abiertas y, en algunos casos, que llevan varios años sin lograr la localización de las personas buscadas.
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