Luego de permanecer más de dos meses en el Penal del Altiplano, Ernesto Ruffo Appel podrá continuar su proceso penal bajo prisión domiciliaria. El exgobernador de Baja California, de 74 años, recibió esta medida cautelar después de que su defensa expusiera ante el juez aspectos relacionados con su edad y necesidades médicas.
La resolución modifica el lugar donde permanecerá bajo custodia, pero no significa que haya terminado la investigación ni que haya sido absuelto de los delitos que se le imputan en el caso conocido como huachicol fiscal.
Ernesto Ruffo continuará su proceso bajo prisión domiciliaria
El juez federal Mario Elizondo Martínez determinó modificar la medida cautelar que mantenía a Ruffo Appel recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México.
La decisión fue tomada después de una audiencia en la que la defensa presentó distintos argumentos para solicitar que el exmandatario pudiera enfrentar el proceso desde su domicilio. Entre ellos estuvieron sus 74 años de edad y las necesidades médicas señaladas por sus representantes legales.
De acuerdo con reportes publicados este 26 de septiembre, el traslado se realizará bajo custodia de la Guardia Nacional y tendrá como destino Ensenada, Baja California, donde Ruffo reside desde hace años. Algunas versiones señalan que la salida del Altiplano podría concretarse este sábado, mientras otras apuntan a que el traslado quedaría listo a más tardar el lunes.
La medida cambia el lugar de reclusión, no el proceso
Uno de los puntos centrales de la resolución es que Ruffo Appel seguirá sujeto al procedimiento penal.
La prisión domiciliaria sustituye la permanencia en el penal federal, pero no representa una absolución ni elimina las acusaciones que dieron origen al proceso. La investigación relacionada con presunto contrabando de combustibles continúa.
El caso está relacionado con una investigación federal por presuntos delitos en materia de hidrocarburos y operaciones vinculadas con el llamado huachicol fiscal. Ruffo ha enfrentado el proceso desde su ingreso al Altiplano en julio.
La salud y la edad fueron parte de los argumentos de la defensa
La situación personal del exgobernador tuvo un peso relevante en la solicitud presentada ante las autoridades judiciales.
Durante el periodo que permaneció en el Altiplano, su hija Verónica Ruffo habló públicamente sobre las dificultades que, según la familia, había enfrentado su padre para mantener estable su estado de salud. Entre los señalamientos mencionó pérdida de peso y otros problemas físicos.
Familiares, amigos y militantes del PAN en Baja California también realizaron actividades públicas para expresar su respaldo al exmandatario. Un día antes de conocerse la resolución, personas cercanas a Ruffo participaron en una misa en Tijuana por su salud y liberación.
El caso mantiene una dimensión política en Baja California
Ruffo Appel no es un personaje ajeno a la historia política de la entidad. Fue el primer gobernador de Baja California surgido del PAN, cargo que ocupó entre 1989 y 1995.
Su situación jurídica también ha provocado posicionamientos políticos. Durante las semanas que permaneció en prisión preventiva se organizaron manifestaciones y se creó un Comité Plural por la Liberación de Ruffo Appel.
Algunos de sus simpatizantes y funcionarios panistas han sostenido públicamente que enfrenta una persecución política, mientras que la investigación federal continúa su curso. Esas afirmaciones corresponden a los actores que las han realizado y no modifican por sí mismas la situación procesal determinada por las autoridades judiciales.
De regreso a Ensenada, pero bajo vigilancia
Con el cambio de medida cautelar, la siguiente etapa del proceso se desarrollará desde el domicilio de Ruffo Appel en Ensenada.
La vigilancia estará a cargo de elementos de la Guardia Nacional, de acuerdo con los reportes sobre la resolución. El traslado forma parte de las condiciones establecidas para que pueda cumplir la prisión domiciliaria mientras continúa el procedimiento penal.
Así, el exgobernador dejará el penal federal donde permaneció desde julio, pero su situación jurídica seguirá abierta. La resolución modifica las condiciones de su prisión preventiva, no el fondo de las acusaciones que enfrenta.
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