Los cuatro expolicías de Tulum detenidos por la muerte de la salvadoreña Victoria Salazar permanecerán bajo prisión preventiva, como medida cautelar, ya que en la audiencia de imputación se acogieron a la ampliación del término constitucional, que se vence el próximo sábado, informó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.
Por lo tanto, el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulum dijo que el sábado 3 de abril será la audiencia en la que se les acusará del delito de feminicidio.
Los tres policías varones fueron trasladados a la Cárcel Municipal de Playa del Carmen, mientras que la agente fue llevada a la Cárcel Municipal de Cancún, por solicitud de la Fiscalía estatal.
Autoridades salvadoreñas estuvieron presentes en la audiencia inicial, realizada de forma virtual.
La mujer, refugiada en México desde 2018 y madre de dos menores, falleció tras ser sometida por los agentes municipales, quienes la detuvieron por supuestamente alterar el orden público.
Según las imágenes difundidas en medios y redes sociales, los policías la tiraron al suelo, donde uno de ellos la inmovilizó colocando la rodilla sobre su espalda hasta que murió por asfixia.
La Fiscalía General de Quintana Roo inició una investigación por un presunto delito de feminicidio; la autopsia concluyó que la víctima presentaba una fractura en la parte superior de la columna vertebral, producida por la ruptura de la primera y la segunda vértebras, lo que le provocó la muerte. Son lesiones compatibles y coinciden con las maniobras que se le aplicaron durante su proceso de detención.
Este martes también se informó de la detención de la pareja sentimental de Salazar, acusado de violencia con ella y sus hijas, así como del abuso de una de las menores.
Trascendió que los familiares de Victoria Salazar llegarán este miércoles a México con la intención de repatriar su cuerpo, pero también denunciar a los policías municipales, bajo proceso por feminicidio.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, garantizó este martes que el país centroamericano dará seguimiento al caso de Victoria Salazar hasta que se haga justicia.
El asesinato de la mujer de 36 años ha despertado la indignación y una serie de protestas en diversos puntos del país. Incluso, varias agencias de la ONU condenaron los hechos y pidieron a las autoridades mexicanas aplicar protocolos alineados con los estándares de Derechos Humanos y perspectiva de género.
La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en México (ONU Mujeres), la Organización Internacional para las Migraciones en México (OIM), la Oficina en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) firmaron un escrito en el que también solicitaron una investigación pronta e imparcial.
“Es posible observar cómo a través del uso de la fuerza contrario a los estándares internacionales, la señora Salazar Arriaza es sometida por parte de elementos policiales, bajo la acusación de haber alterado el orden público”, lamentaron.
Además, exhortaron a actuar en línea con los estándares de Derechos Humanos en la materia, como el Protocolo de Minnesota para la investigación de muertes potencialmente ilícitas.
Por su parte, la representante de OIM en México, Dana Graber, señaló que la muerte de Victoria Salazar es lamentable y evidencia las carencias que existen para proteger la vida y la seguridad de las personas migrantes en México.
A su juicio, es un caso de doble discriminación de la víctima, por el hecho de ser mujer y por su condición de persona migrante, lo que ha tenido un desenlace que jamás debió haber ocurrido y pone de manifiesto la necesidad de determinar las responsabilidades correspondientes y de implementar medidas para garantizar la no repetición.
Amnistía Internacional señaló que las autoridades mexicanas deben garantizar justicia y reparación por la muerte de Salazar, además de protección para las dos hijas de la víctima -de 15 y 16 años-, una de las cuales está en paradero desconocido.
Junto al Instituto de las Mujeres en la Migración (IMUMI) y el Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador (GMIES), AI también ha pedido garantizar los derechos de la familia a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño, y la repatriación digna de su cuerpo.
