Dos policías municipales y una mujer fueron condenados a 10 años de prisión en Jalisco tras ser encontrados responsables de trata de personas en la modalidad de captar y transportar víctimas con fines de trabajos forzados. El caso comenzó con una supuesta oferta laboral que prometía un sueldo de 5 mil pesos semanales.
La investigación reveló que los jóvenes fueron citados en la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque, donde presuntamente serían entregados a los uniformados para después trasladarlos a otro punto. Uno de los jóvenes era menor de edad.
Así comenzó el reclutamiento de jóvenes en Jalisco
El operativo ocurrió el 26 de mayo de 2025, cuando elementos de la Policía Estatal intervinieron en la Nueva Central Camionera tras recibir una alerta sobre dos jóvenes que habían acudido al lugar por una supuesta oportunidad de trabajo.
Los muchachos eran originarios de Michoacán y habían sido contactados por Andrea Monserrat “N”, quien les ofreció un salario de 5 mil pesos por semana. De acuerdo con las investigaciones, ella sería la encargada de contactar a los jóvenes y llevarlos hasta la terminal.
La situación generó sospechas entre personas que se encontraban en el lugar. Uno de los jóvenes hizo señas para pedir ayuda y los policías estatales comenzaron a revisar lo que estaba ocurriendo.
Los esperaban dos policías municipales
En la terminal también se encontraban los policías municipales Marvin Alexis “N” y Ernesto “N”, quienes estaban uniformados, portaban sus armas de cargo y viajaban en una patrulla asignada a la Comisaría Municipal de Seguridad Pública de San Cristóbal de la Barranca.
Los agentes estaban fuera de su jurisdicción cuando fueron ubicados en la central camionera. Según las investigaciones, su función habría sido recoger a los jóvenes para trasladarlos posteriormente a otro punto.
La intervención de los policías estatales permitió asegurar a los muchachos y detener a la mujer que los había contactado.
Uno de los jóvenes era menor de edad
Tras el operativo, los dos jóvenes fueron trasladados a instalaciones de atención para niñas, niños y adolescentes. Uno de ellos era menor de edad y posteriormente ambos fueron entregados a sus familiares.
Durante las investigaciones, Andrea Monserrat “N” habría reconocido que se dedicaba a contactar jóvenes mediante ofertas de empleo. También se estableció que recibía 3 mil pesos por cada persona reclutada.
El caso tomó mayor relevancia al conocerse la participación de los dos elementos municipales, quienes de acuerdo con la investigación reconocieron que habían sido enviados para recoger a los jóvenes.
Los policías recibirían mil pesos por cada joven
Marvin Alexis “N” y Ernesto “N” señalaron que habían recibido instrucciones de un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para trasladar a los muchachos.
La investigación apunta a que serían llevados a una zona serrana de su municipio, cerca del río Santiago, donde presuntamente se encontraban otros jóvenes en proceso de entrenamiento antes de ser asignados a distintas tareas del grupo delictivo.
Los agentes habrían recibido mil pesos por cada joven trasladado.
Antes de ser detenidos, los policías también argumentaron que los muchachos eran familiares de la alcaldesa de San Cristóbal de la Barranca, Karina Guzmán Cardona, y que únicamente cumplían órdenes. Sin embargo, la edil rechazó esa versión y posteriormente pidió que se actuara legalmente contra los elementos.
La sentencia y la reparación del daño
Tras el proceso judicial, un juez penal de Jalisco dictó una sentencia condenatoria de 10 años de prisión contra la mujer y los dos policías.
Además de la pena de cárcel, el juzgador impuso una multa de 226 mil 280 pesos. El monto correspondiente a la reparación del daño será establecido durante la etapa de ejecución de la sentencia.
El caso también dejó abierta la investigación sobre otros posibles reclutamientos y desapariciones. En su momento, el fiscal general de Jalisco señaló que los jóvenes podrían haber sido trasladados a otro estado y que una de las hipótesis apuntaba hacia Zacatecas.
La sentencia pone nuevamente bajo la lupa el uso de falsas ofertas laborales como mecanismo de captación de jóvenes, particularmente cuando detrás de ellas pueden existir redes dedicadas al reclutamiento para grupos delictivos.
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