Aguascalientes, entidad gobernada por Martín Orozco, del Partido Acción Nacional (PAN), pasó del primero al noveno puesto a nivel nacional en el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa (ICRE) 2018, ranking que evalúa el desempeño de las autoridades locales con la obligación de garantizar el derecho a la educación de todos los niños y jóvenes de la entidad.
El ranking, desarrollado por la organización Mexicanos Primero, muestra que, en 2016, Aguascalientes se había posicionado en el primer sitio; sin embargo, en 2018 –último año evaluado–, el indicador posicionó al estado en el noveno puesto dentro de la escala nacional, dentro de esta herramienta ciudadana, que tiene el objetivo de medir y visibilizar el progreso en el cumplimiento con su responsabilidad como garantes del derecho de aprender.
Bastaron dos años para que Coahuila, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Baja California Sur, Estado de México, Zacatecas y Nuevo León pasaran sobre Aguascalientes en este ranking nacional.
De los indicadores que fueron tomados en cuenta por la organización Mexicanos Primero, el gobierno federal no proporcionó información en relación con la infraestructura: porcentaje de escuelas con baños, con rampas para personas con discapacidad, así como espacios recreativos.
De modo que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) no ha cumplido tampoco con su responsabilidad de mantener actualizado un sistema de información.
El ICRE 2018 se centra en los otros 10 indicadores para los que Mexicanos Primero obtuvo información, y entre ellos destaca que a nivel nacional se ha descendido en el indicador específico de aprendizaje.
Como dato adicional, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó el Sistema de Información de Derechos Sociales, conformado por un conjunto de indicadores que complementan la medición multidimensional de la pobreza y proporcionan información sobre el acceso efectivo a derechos sociales, como educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad social.
En esta evaluación, se detectó que el indicador con el mayor reto en el tema de educación es el porcentaje de población de tres a 29 años con ingreso inferior a la línea de pobreza que asiste a educación pública obligatoria y recibe beca, al pasar de 23.2 por ciento en 2010 a 15.3 por ciento en 2018.
