Apenas un año después de haber organizado el Mundial de Futbol y a pesar de estar compitiendo en las Eliminatorias rumbo a Catar 2022 y tener varios atletas clasificados para Tokio 2020, Rusia fue expulsado de toda competencia deportiva durante los próximos cuatro años, es decir hasta 2023, debido a un escándalo de dopaje descubierta por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).
Acusadas de alterar la base de datos de un laboratorio de Moscú, el fallo del comité ejecutivo de la AMA significa que la bandera y el himno nacional de Rusia no podrán ser usados en ninguna competencia deportiva (Olimpiadas ni Mundiales), lo que hace de este, el castigo más severo que hasta ahora hayan recibido las autoridades rusas que pueden apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en un plazo de 21 días.
Para Tokio 2020, los atletas rusos solo podrán competir si no han dado positivo en pruebas antidopaje o si sus datos no fueron manipulados, aunque lo harán sin poder representar a Rusia.
Respecto a la Copa del Mundo de 2022, la AMA señaló que la selección nacional de Rusia jugará bajo su nombre en el programa de las eliminatorias europeas, pero de conseguir su boleto a Qatar deberá ser cambiado a un término neutral que no incluya la palabra “Rusia".
En las dos ediciones pasadas del campeonato de atletismo, los rusos compitieron como “Atleta Neutral Autorizado”. Una medida menos severa fue adoptada para los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, cuando el Comité Olímpico Internacional (COI) impuso una suspensión al órgano ruso olímpico pero permitió que sus deportistas y delegaciones participaran bajo la denominación de “Deportista Olímpico de Rusia”.
Los investigadores de la AMA y del COI coincidieron en que la evidencia mostró que las autoridades rusas alteraron los datos del laboratorio en Moscú que previamente fue sellada por las fuerzas de seguridad. Cientos de casos potenciales de dopaje fueron eliminados y se plantó evidencia falsa con la intención de culpar de la interferencia a quienes denunciaron las infracciones.
Los deportistas cuyos datos fueron alterados en el periodo de pruebas antidopajes de 2012 a 2015 ahora enfrentan medidas disciplinarias de los organismos rectores de sus respectivas disciplinas.
