La controversia con respecto al padrón de telefonía móvil en México continúa: el INAI lo acusa de inconstitucional.
A raíz de la controversia con respecto a la protección de datos personales que circunda al nuevo padrón de telefonía móvil en México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) impondrá una acción de inconstitucionalidad. De manera unánime, los consejeros del Instituto coinciden que este proyecto pone en riesgo la seguridad personal de millones de mexicanos.
¿Qué es una acción de inconstitucionalidad?
La acción de inconstitucionalidad es un recurso que se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que se denuncia alguna norma o disposición de menor jerarquía, que contradiga a la Constitución Mexicana.
Mientras que el INAI es un organismo público y autónomo que se encarga de garantizar el acceso a la información pública. De la misma manera, protege los datos personales de la ciudadanía mexicana.
Una iniciativa “abiertamente anticonstitucional”
De acuerdo con el INAI, el padrón de telefonía móvil (PANAUT) es “abiertamente inconstitucional“. La problemática fue denunciada ante la Suprema Corte de Justicia y, si ésta determina que el proyecto es contrario a la Constitución, será descartado de manera inmediata.
En este tipo de casos, poco importa que el Congreso ya haya aprobado el proyecto. Tampoco importan las intenciones del presidente, o la publicación del proyecto en el Diario Oficial de la Federación. Hasta hoy, hay varios puntos que se han discutido a propósito de la inconstitucionalidad que el INAI identificó.
Primero, que la reforma no indica precisamente cuáles son los datos biométricos requeridos. Después, que ya existen instancias del Estado que cuentan con esta información, como la RENAPO. Por último, un padrón de estas dimensiones pone en peligro la protección de los datos personales de millones de usuarios.
Por el momento, el INAI está presionando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que apoye esta acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, la resolución final a propósito del futuro del PANAUT está en manos de la Suprema Corte.
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