Con la oposición del PAN y MC, avanza en comisiones Ley Orgánica

Written by Redacción. Posted in Minuto a Minuto, Noticias Destacadas, Política

Published on noviembre 13, 2018 with No Comments

Agencias. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, aprobó con 20 votos a favor y cinco en contra, del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), el dictamen de la amplia reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, promovida por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a través de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

De manera previa, los legisladores acordaron que las reservas, al menos 62 de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 15 del MC, se discutirán este martes 13 de noviembre, directamente en el Pleno.

En ese marco, legisladores de la mayoría e incluso del Partido Verde (PVEM), defendieron el dictamen, pidiendo que se otorgue un voto de confianza al siguiente gobierno que encabezará López Obrador.

La oposición acusó que sus observaciones fueron ignoradas, y denunciaron simulación con el tema de los “súper delegados”, que pasarán de la tutela de la Oficina de Presidencia a la futura Secretaría de Bienestar, pero se coordinarán directamente con el Primer Mandatario.

Incluso, la diputada Martha Tagle, señaló que sin discusión entre los legisladores, “alguien” metió la mano en el documento e integró, para mal, elementos para mantener la concentración del poder en la Presidencia de la República y su Oficina.

“Pero ahora es peor, porque formalmente, administrativamente se dice que dependerán los delegados llamados súper delegados de la Secretaría de Bienestar, pero se coordinarán de manera directa con el titular del Ejecutivo, es decir, directamente con el Presidente”, lo que equivale a haberlos dejado adscritos a la Oficina de la Presidencia.

“Y que en la revisión específica de muchos de los artículos, lo que percibimos no solo es la concentración extrema de poder, sino también la dificultad que tendrá el Ejecutivo Federal para poder llevar a cabo las tras de la Administración Pública”, alertó la diputada panista Adriana Dávila.

La congresista indicó que al hacer observaciones a la norma, no se busca obstaculizar las decisiones de López Obrador, sino mantener el funcionamiento de las instituciones y dejar en claro que con su llegada a la Presidencia de la República, el país no se está reinventando.

“Que no es un asunto de obstaculizar el gobierno, sino de entender que no es la ocurrencia, la improvisación, la novatez la que debe llegar a perfeccionar un marco que nos permita tener una administración pública eficiente. Eso prometieron, nos parece muy grave que no solo no tomen en cuenta, sino que se simulen cambios en la ley, sentenció la legisladora del albiazul.

Algunos otros de sus compañeros en las fracción es minoritarias sentenciaron que la Secretaría de Gobernación quedará debilitada en grado extremo, y pasará a ser la “Secretaría de papel”.

Los legisladores de MORENA, del Partido del Trabajo (PT) y quienes pidieron confiar en que la propuesta de ajustes a la administración pública, enfatizaron que por tratarse de un cambio de régimen, se hace necesario adecuar las instituciones y algunos procedimientos gubernamentales.

“Un cambio de régimen político como el que nos proponemos, implica necesariamente un cambio profundo en la organización de la Administración Pública Federal, no puede ser la misma ley ni parecida a otras. Es un cambio de fondo, es un cambio de paradigma”, recalcó la diputada de MORENA y vicepresidenta de San Lázaro, Dolores Padierna.

La mayoría destacó que la reforma no solo crea a los “súper” delegados; transforma la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) en Secretaría del Bienestar; asigna a la nueva Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana las labores de inteligencia, con el órgano en sustitución del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), y las de Protección Civil, así como la prevención social del delito, la seguridad nacional y la seguridad interna.

También da paso a las Comisiones de la Verdad, que permitirán atender casos de gravedad como el de los normalistas de Ayotzinapa; y faculta a la Secretaría de Hacienda (SHCP) a encargarse de las compras de gobierno, a través de su Oficialía Mayor; aunado a que transforma las Contralorías Internas de las dependencias, en Unidades de Administración.

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