Gobierno de Duarte criminaliza a periodista levantada por sujetos que vestían como militares

Written by Redacción. Posted in Estados, Minuto a Minuto, Veracruz

Published on febrero 09, 2016 with No Comments

Anabel Flores SalazarRedacción AN. La madrugada del lunes, en el municipio de Mariano Escobedo, Veracruz, fue levantada la reportera de la fuente policiaca, Anabel Flores Salazar.

En el comunicado emitido por la Fiscalía General del estado, horas después de lo que calificó como una “desaparición”, relacionó a la periodista con el narcotráfico: “ya en la mañana de hoy se interpuso la denuncia que dio origen a la Carpeta de Investigación 211/2016, en la que se agotan todas las líneas y se indagan todos los probables vínculos de la reportera, como el del 30 de agosto de 2014 en Acultzingo cuando se encontraba en compañía de Víctor Osorio Santacruz (a) El Pantera, que fue detenido en ese momento por elementos del Ejército Mexicano por sus probables nexos con un grupo de la delincuencia organizada”.

Sin embargo, la Secretaría de Marina reportó que fue esa institución la que detuvo a El Pantera, desde el 4 de octubre de 2011.

El parte de la Marina indicó que Osorio Santacruz era un “comandante” de la policía de Veracruz, presuntamente vinculado con Los Zetas, quien recibía hasta 10 mil pesos mensuales del cártel.

“Víctor Osorio Santacruz (a) “El Pantera”, quien fungía como 2do. Comandante de la Policía Municipal en Ciudad Mendoza, Veracruz y al mismo tiempo presuntamente desempeñaba funciones dentro del grupo delictivo, a fin de vigilar los movimientos de las fuerzas federales en las vialidades próximas a la región, así como servir de enlace entre las diferentes corporaciones policiacas de dicho municipio y sicarios”, apuntó la Marina.

“Osorio Santacruz fue localizado vistiendo uniforme de policía, ingiriendo bebidas alcohólicas y escandalizando en la vía pública; al solicitarle que se identificara, no pudo acreditar su pertenencia a alguna corporación policiaca, por lo que con el objeto de remitirlo a la autoridad ministerial competente, se le practicó una revisión corporal de rutina, localizándole un sobre con 10 mil  pesos y una lista que mostraba nombres de presuntos elementos policiacos y mandos medios de diferentes municipios, así como las cuotas que les correspondían por brindar apoyo a Los Zetas”, señaló.

En 2014 existe una denuncia pública por parte de la esposa de Osorio, Norma Albor, la cual fue expuesta en una nota del diario Excélsior:

El 30 de agosto, Víctor Osorio, Miguel López y Delfino Hernández Falcón desayunaban en el merendero Jaimitos Barbacoa, a orillas de la carretera que conduce a la cabecera municipal.

Testigos le afirmaron tanto a Norma Albor como a Yadira García Chávez que militares llegaron al merendero y obligaron a los comensales a entrar en la cocina, y a los que ya no pudieron meter los obligaron a permanecer tirados en el suelo bocabajo.

“Era un gritadero, porque había más de 100 personas. Siempre está lleno ese restaurante”, narró Yadira García y dijo que una reportera observó el episodio y le aseguró que los soldados se llevaron a los tres varones.

“(La reportera) empieza a sacar fotos con su celular al ver que están golpeando a uno de ellos y se acerca un militar, se lo arrebata junto con el gafete y sacan a las tres personas, entre ellas mi esposo. Los suben y se los llevan.”

Los tres sujetos, actualmente desaparecidos, son comerciantes de accesorios de automóviles, aunque Víctor Osorio Santacruz era policía, ocupación que abandonó cuando comenzó a ser hostigado por los militares, quienes hace un año lo trataron de detener (…). 

El levantón de la reportera

La organización Artículo 19 relató lo ocurrido el lunes:

“De acuerdo a una fuente que prefiere mantener el anonimato, la reportera fue privada de la libertad a las 2:00 horas de este lunes de su hogar en una unidad habitacional el municipio de Mariano Escobedo, a las afueras de Orizaba, por sujetos armados vestidos de militares a bordo de tres camionetas Nissan color gris.

“De acuerdo a la fuente consultada por ARTICLE19, los sujetos entraron al domicilio de la periodista y comenzaron a buscar en las recámaras. Entraron a la habitación de un familiar de la periodista y alguien dijo: “Aquí no”. Llegaron al cuarto de Flores Salazar, donde se encontraba con su bebé de 15 días de nacido. La intentaron agarrar, ella se tiró al piso, la jalaron de las piernas y una persona de su familia intentó detenerlos pero fue encañonada y empujada.

“Los sujetos que se llevaron a la periodista vestían un uniforme de soldado, chaleco negro, botas negras muy boleadas, casco, pasamontañas y chaleco antibalas. Los agresores nunca hablaron entre ellos y sólo pronunciaron las siguientes frases: “aquí no” (cuando se equivocaron de cuarto) “ésta es” (cuando encontraron a la periodista) “tenemos una orden de aprehensión y “tírense al piso” (al resto de los familiares).

“La periodista fue metida a la fuerza a una de las camionetas color gris. Los familiares pusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz en donde tardaron en ser atenidos”, denunció Artículo 19. 

Según la organización protectora de periodistas, Anabel Flores lleva un año trabajando en el Sol de Orizaba dando cobertura a la fuente policiaca de toda la región, desde Río Blanco hasta Maltrata.

“La  fuentes consultada dice no tienen conocimiento de conflictos que ella pudiera tener dentro o fuera del trabajo. Sin embargo, los periodistas que cubren la nota policiaca a nivel nacional se encuentran en constante riesgo. No sólo por estar expuestos directamente con grupos delincuenciales sino también por el contacto con autoridades”, apuntó.

De acuerdo a una segunda fuente que pidió el anonimato por cuestiones de seguridad, la periodista ya había tenido un incidente de seguridad el 30 de agosto de 2014. Anabel Flores se encontraba festejando su cumpleaños acompañada de su familia – incluyendo niños – en un restaurante el municipio de Acultzingo cuando llegó un comando de soldados y comenzaron a  revisarlos.

El testimonio consultado por ARTICLE 19 recuerda que Flores Salazar dijo “yo soy periodista ¿por qué hacen esto?”. Como respuesta ante al actitud violenta de los soldados, a lo que uno de los uniformados contestó “Mira tú estás comiendo con el enemigo”. Momentos después los metieron a un cuarto, voltearon contra la pared y se llevaron a tres hombres que se encontraban en el restaurante pero que en ningún momento convivieron directamente con Anabel Flores o con su familia.

La periodista sacó la cámara de su celular y documentó lo que estaba sucediendo. De acuerdo al testigo “Anabel fue la única que les dijo ‘soy Anabel Flores’ y sacó la identificación del periódico y la enseñó a los soldados. Le borraron las fotografías que había tomado cuando se los estaban llevando y le dijeron que se fuera para que no tuviera problemas”.

Artículo 19 refirió que la Fiscalía estatal de Veracruz emitió un comunicado en el que asegura que ya se encuentran investigando la desaparición de la periodista, afirmando que: “se agotan todas las líneas  y se indagan todos los probables vínculos de la reportera como el del 30 de agosto de 2014 en Acultzingo cuando se encontraba en compañía de Víctor Osorio Santacruz (a) El Pantera, que fue detenido en ese momento por elementos del Ejército Mexicano por sus probables nexos con un grupo de la delincuencia organizada”.

La declaración de la FGE de Veracruz contrasta con el testimonio de una persona que se encontraba ese día en Acultzingo con la periodista. “Ya la están incriminando por haberse citado ese día en Acultzingo cuando eso nunca sucedió. Le están colgando cosas que nunca sucedieron. Fue una mala coincidencia. Quieren voltear las cosas para dañar a una persona por el medio en el que se mueve que es la línea periodística policiaca”, dijo la fuente anónima a la organización.

Ante ello, consideró que “resulta alarmante que a  pocas horas de haber comenzado la investigación, la FGE de Veracruz, establezca en su primer comunicado un posible vínculo de la periodista con la delincuencia organizada, culpabilizando a Anabel Flores, y violando su debido proceso. La obligación de las autoridades de procuración de justicia en investigar y no criminalizar a priori a las víctimas, más en un contexto donde se ataca de manera constante a quienes ejercen el periodismo”.

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