Un breve movimiento de campesinos que defienden el melón en Coahuila logra apoyo en redes

SinEmbargo. Luego de que a principios de junio intermediarios y grandes comercializadoras anunciaran la caída en los precios del melón, hasta llegar a 80 centavos el kilo, decenas de productores de Coahuila iniciaron una protesta para que las autoridades intervinieran. Sin embargo, nadie los tomó en cuenta y en su desesperación los campesinos tiraron 200 toneladas del fruto para presionar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural (Sagarpa), pues las cadenas de alimentos de la región venden el producto hasta en 14 pesos el kilo.

El movimiento, encabezado por la Asociación de Productores de Melón y Sandía, pequeñas comercializadoras y la organización Onappafa, comenzó a tomar fuerza a través de las redes sociales, donde usuarios de Internet defendieron el trabajo de jornaleros y campesinos con los hashtags: #LaLagunaApoya, #MalónDeMatamoros, #MelonLagunero, #YoSíApoyoAlCampesino, donde se le pide a los consumidores a comprar melón directamente con los productores y no en los supermercados.

En tanto, el Consejo de Desarrollo Rural y la Secretaría de Fomento Agropecuario han declarado que no pueden hacer nada porque el precio del melón depende de la ley de la oferta y demanda y actualmente se estima que existe un excedente de un 30 por ciento, debido a que varios agricultores aprovecharon la época de lluvias y especularon.

Los productores, en entrevista con Vanguardia, dijeron que la respuesta por parte de los funcionarios fue: “no podemos hacer nada con el precio del melón, pues es un producto sujeto a la ley de la oferta y la demanda, no existe un precio de garantía, cuando su compromiso es actuar como mediador”.

“El año pasado no fue tan marcado porque no se tenía el exceso de producción que tenemos hoy, pero este año entraron también los melones de temporal, con las lluvias de principio de año los productores se animaron y ésto generó una sobreproducción”, comentó a El Siglo de Torreón, Gustavo Vargas, coordinador de Desarrollo Rural en La Laguna.

Movidos por la indignación y con el fin de obligar a las autoridades del sector agropecuario acudir en su apoyo para mejorar el precio del producto, el pasado lunes 15 de junio tiraron dos toneladas de melón en tramos de la carretera Torreón-Saltillo.

Aseguraron que los precios que ofrecen los intermediarios o también llamados “coyotes” es ridículo en comparación con el que se oferta en las tiendas de autoservicio.

“En esas condiciones preferimos mejor tirarlo o regalarlo, porque ahora los intermediarios lo quieren pagar a 1 peso el kilo, cuando a nosotros nos cuenta 3 pesos producirlo”, aseguraron a Vanguardia.

Jesús Zárate, presidente de la Sociedad Cooperativa de Productores de Melón, aseguró a Milenio que en un principio el melón alcanzó un precio de 7 pesos, pero luego por las lluvias y al no llegar a acuerdos de 2.50 el kilogramo, vino el desplome.

Zárate detalló al rotativo que en algunas zonas como la Viesca, Torreón, se logró un acuerdo con una empacadora, la cual paga 3.50 el kilo una “punta de cola”, pero eso evidencia que hay una desorganización entre los agricultores, pues no están del todo unidos para lograr un precio digno e igual.

Sumado a esos esfuerzos, el tema sigue moviéndose en Facebook y Twitter. La acción logró presionar para que el precio en casi todas las meloneras alcanzara los 2.50 pesos.

Al momento se prevé que esos 2.50 pesos –que no cubren los costos de producción– se mantengan hasta septiembre, que es el final de la temporada.

A principios de 2015 jornaleros del valle de San Quintín, Baja California, realizaron diversas protestas en contra de las condiciones de trabajo que les brindaban las empresas productoras de fresa. Inclusive también tiraron toneladas de producto para que fueran escuchados.

Su lucha, de igual manera, se replicó en redes sociales y jornadas de movilizaciones en todo el país a tal grado que el Estado mexicano y comercializadoras tomaron cartas en el asunto.

Sus peticiones aún no son del todo cumplidas pero al menos han logrado avances importantes, como la de un sueldo mínimo de 200 pesos por jornada y algunas prestaciones de seguridad social.

El pasado 13 de junio, autoridades informaron que cinco menores que eran explotados laboralmente en un rancho agrícola fueron rescatados en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila, donde trabajaban en condiciones no adecuadas que ponían en riesgo su salud, informaron hoy fuentes oficiales.

El gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez, explicó en un comunicado que los menores trabajaban en la recolección del melón por un pago de 85 pesos diarios, por una jornada laboral de 10 horas, de lunes a domingo, informó la agencia EFE.

Los menores, originarios del estado central de San Luis Potosí, además de no contar con la edad permitida para laborar lo hacían en condiciones no adecuadas y que ponían en riesgo su salud, según detectaron autoridades durante el recorrido realizado en dicho campo agrícola.

La liberación fue resultado de un operativo de inspección coordinado por la Secretaría del Trabajo y en el que participaron representantes de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Secretaría de Salud y la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

La Secretaría del Trabajo informó que presentará una denuncia contra quien resulte responsable por los actos violatorios a los derechos humanos de los menores, quienes quedaron a disposición de la PRONNIF tras recibir atención médica y psicológica.

Dicha dependencia se hará cargo de su traslado hasta San Luis Potosí donde serán entregados a sus familiares.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, hace seis años había mil 352 unidades empleadoras de jornaleros agrícolas. Los cultivos en los que trabajaban eran de caña, tomate rojo, café, naranja y mango, manzana, calabacita, tomate verde, chile, melón, uva, durazno, piña, plátano y tabaco, siendo los que más empleaban a jornaleros el del tomate rojo (23 mil 305 jornaleros), la uva (13 mil 411) y la caña (8 mil 425).

El Informe de trabajo 2013-2014 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) refiere que de septiembre de 2013 a junio de 2014, “evaluó” a 8 mil 56 jornaleros agrícolas para certificarlos “es estándares de competencia de cosecha de hortalizas, cítricos y caña de azúcar” en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán. La mayoría de esos estados están entre los señalados por las organizaciones de la Red donde han detectado explotación laboral.

Dentro de la STPS desde el sexenio pasado estableció el Grupo de Coordinación Interinstitucional, que la dependencia preside y en el que participan los 27 grupos de coordinación estatal instalados para la atención de los jornaleros agrícolas en los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

La explotación a trabajadores agrícolas prevalece actualmente en 19 estados de México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, en el país existen al menos 2 millones 40 mil 414 personas, 40 por ciento de ellos indígenas y la mitad provenientes de los estados más pobres del país. Junto con sus familias representan una población total de 9 millones 206 mil 429 personas para las que la pobreza, la marginación y la falta de empleos formales son condiciones que los hacen vulnerables de ser explotados en los campos agrícolas del país.