VOLUNTAD SOBRE PALABRAS

EL PODER DE LOS OLVIDADOS: INDÍGENAS Y NARCOPOLÍTICA

Por: David Noceda

contacto: david.noceda@hotmail.com

En nuestro país, la indiferencia de la sociedad hacia la política ha sido un fenómeno que ha requerido de múltiples análisis y documentos para de alguna manera encontrar la posible respuesta de por qué los hechos relacionados a la toma de decisiones nos desagradan o los evitamos en su totalidad. Durante los últimos años con la llegada de la famosa transición de partido en la Presidencia de la República, se ha debatido en múltiples foros las estrategias que deberían implementarse para mejorar la cultura política de los ciudadanos.

Estos debates han venido acompañados de las asociaciones civiles, organizaciones internacionales o incluso por recomendaciones de instituciones como la ONU. Pero tal parece que a pesar de los grandes esfuerzos que realiza la sociedad para mantenerse informada, la voluntad de las élites políticas para lograr este cambio, sigue sin manifestarse. Gran parte de esta labor social por establecer mejores mecanismos de participación proviene de la clase media o la clase alta, lo que significa que dentro del tejido social seguimos sin incorporar las opiniones de las clases sociales más desprotegidas como los indígenas.

México tiene más de 89 lenguas indígenas que representan el 6.5 por ciento de la población actual de acuerdo al INEGI, una cifra que quizá nos parezca minoritaria, sin embargo tiene grandes implicaciones en el rumbo que toman las decisiones políticas de los gobernantes. Las poblaciones indígenas tienen usos y costumbres propias, por lo que su forma de comprender el mundo y de interactuar con él es completamente distinta a la forma en que nosotros lo percibimos.

Este mundo de concepciones distintas, es un mundo que se comparte y en esta realidad suceden fenómenos que tenemos que enfrentar juntos como sociedad para salir adelante. Los últimos años han sido muestras del incremento en las capacidades financieras, políticas y culturales del narcotráfico. Una temática que no sólo involucra a nuestro país sino a la mayor parte de los sistemas políticos alrededor del globo, pero principalmente a las democracias.

Democracias o economías capitalistas, donde se ha dejado de lado estos usos y costumbres de los grupos indígenas que se ven obligados a combatir el narcotráfico con sus propias armas ante su avance indetenible hacia sus territorios. Hay que recordar que en Chihuahua, Chiapas, Guerrero e incluso en zonas del estado de Puebla, las manifestaciones indígenas en reclamo a la narcopolítica empiezan a volverse cada vez más notorias.

En el estado de Chiapas, esta misma semana un grupo de 15 mil indígenas marchó los municipios de Simojovel, Bochil, Ixtapa, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, como una protesta hacia las autoridades de que los militantes de los partidos políticos, autoridades municipales y estatales están vinculadas con el crimen organizado. Cabe resaltar que en estados como Puebla o Yucatán este tipo de acontecimientos poco resuenan en los medios de comunicación, ya sea por la falta de organización de los grupos indígenas o por un manejo malintencionado de los medios.

Los grupos indígenas no sólo habitan el campo mexicano, si bien es cierto que el 22% de la población en México vive en esta zona, también es cierto que algunos de estos grupos siguen siendo nómadas, por lo que el choque entre su cultura con los grupos del narcotráfico es inevitable.  A diferencia de los indígenas, los campesinos sí han volteado los ojos hacia las posibilidades económicas que les brinda el crimen organizado.

Esa indefensión ha obligado a las clases más desprotegidas a cooperar o trabajar para los carteles de droga, ya que anteriormente el campo sólo era utilizado para la subsistencia o el autoconsumo de las familias. En estos días, la producción de Amapola y Cocaína se ha incrementado en zonas del norte y sureste del país, para lo que se necesitan grandes extensiones de tierra que generalmente son arrebatadas a los indígenas o campesinos de la región.

Ante semejante conflicto, es evidente que en los próximos años será mucho más frecuente la confrontación o exigencia hacia los gobiernos estatales y federales para garantizar la seguridad de los grupos indígenas. Grupos a los que hoy sólo se les destina el 1.5% del financiamiento total de la economía y de los cuales sólo el 6% de las unidades de producción agropecuaria, tienen acceso al crédito institucional.

Un panorama que seguirá como tema mediático en los próximos meses y que debe de ser atendido, no sólo porque México produce cada vez menos alimentos para su autoconsumo, sino porque se encuentra al borde de perder el patrimonio social que lo distingue ante la inseguridad y la corrupción. Dos cuestiones que involucran al 61% de la población total de este país y que de no considerarlas pueden activar la mecha hacia una pólvora inapagable.